La dirigencia del movimiento de productores de frijol en Zacatecas, encabezada por Isaías Castro Trejo, Abraham Castro Trejo, Federico Nájar Castillo y Rubén Hernández, mantiene bajo reserva el padrón oficial de los 300 beneficiarios autorizados para acceder al esquema de acopio extraordinario de la empresa pública Alimentación para el Bienestar. La negativa de los líderes a transparentar el listado contraviene las disposiciones federales en materia de fiscalización de recursos públicos.
El documento en disputa regula la asignación de costales de empaque y cupos de venta preferente con precios de garantía subsidiados por el erario federal. El ocultamiento del padrón de beneficiarios fue justificado por la cúpula del movimiento bajo el argumento de preservar la «seguridad interna» y prevenir supuestas represalias institucionales, restringiendo el cotejo de las listas con las uniones de crédito locales.
La opacidad en el manejo de las cuotas de acopio derivó en denuncias públicas por favoritismo presentadas por la productora Eloísa Gaytán Robles. El bloque disidente señala que el uso discrecional del listado funciona como un mecanismo de control político para premiar a familiares y operadores cercanos a la dirigencia, excluyendo a las mujeres campesinas que financiaron la logística de las tomas de instalaciones públicas.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen la facultad de revisar los padrones de los programas de bienestar para verificar que no se utilicen con fines particulares o de condicionamiento social. Las reglas de operación de los programas federales del sector hidroagrícola mandatan la publicidad total de los padrones de beneficiarios para garantizar la libre competencia y la rendición de cuentas.
En la comunidad de Los Mendoza, el desvío de las cuotas de empaque asignadas por la federación dejó fuera del programa a decenas de productoras que participaron en el cerco a la Legislatura del Estado. La canalización de los costales hacia solo cinco familias de la demarcación evidencia la ausencia de mecanismos de auditoría interna en las estructuras de representación ejidal que mediaron en la mesa de negociación.
Las sanciones administrativas aplicables a los intermediarios que lucren o desvíen la asignación de programas públicos de justicia social contemplan la inhabilitación para recibir subsidios federales y responsabilidades de carácter penal. La fiscalización contable de Alimentación para el Bienestar deberá identificar la identidad de los titulares de los 300 folios emitidos para comprobar la correspondencia real con la propiedad de las parcelas.
La opacidad en la gestión agraria de Zacatecas debilita la confianza en los esquemas de precios de garantía diseñados para abatir el intermediariado de los acopiadores privados, conocidos localmente como «coyotes». Al operar el programa extraordinario como un catálogo restringido de acceso privado, la dirigencia repite las prácticas de control corporativo que el nuevo modelo de soberanía alimentaria busca erradicar en el campo mexicano.
Acerca del autor
