Por Juan Pablo Ojeda
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal con licencia de la entidad, Dámaso Castro Saavedra, comparecieron formalmente ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán. Las diligencias ministeriales responden al paquete de citatorios emitidos por el Ministerio Público Federal tras la publicación de una acusación formal por delitos de narcotráfico y armas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
La FGR confirmó que este procedimiento forma parte de la carpeta de investigación abierta en México, la cual contempla interrogar a un total de diez funcionarios y legisladores de la entidad federativa. El objetivo de las comparecencias, según el informe técnico de la institución, es recabar testimonios ministeriales para deslindar responsabilidades operativas frente a los señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense que vinculan a los servidores públicos con operaciones de la facción de «Los Chapitos».
Rocha Moya ratificó por medio de un informe digital que respondió de forma íntegra el cuestionario técnico formulado por la Agente del Ministerio Público Federal encargada del caso. El mandatario con licencia fundamentó su asistencia en la obligatoriedad de dar seguimiento a los requerimientos del sistema judicial mexicano, presentándose de manera voluntaria tras la notificación del requerimiento legal en su domicilio registrado.
Por su parte, el vicefiscal con licencia Dámaso Castro Saavedra completó su entrevista ministerial y ofreció un balance logístico de su participación ante los medios de comunicación integrados en la cobertura exterior. Castro Saavedra deslindó a la Vicefiscalía General del Estado de cualquier relación con los hechos delictivos descritos en el expediente extranjero y validó la cadena de custodia de la investigación que integra la federación.
El despliegue logístico en las inmediaciones de la delegación de la FGR incluyó el arribo en vehículos blindados del alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y del senador por el partido Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Ambos cuadros políticos ingresaron de manera directa al área de salas de entrevista sin emitir declaraciones técnicas o posicionamientos políticos ante el grupo de periodistas presentes en el perímetro oficial.
La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una tarjeta informativa donde precisó que las comparecencias ejecutadas en Culiacán corresponden a un asunto estrictamente procedimental dentro de las fases de indagatoria previa. La dependencia federal especificó que, bajo el marco normativo mexicano, los funcionarios sinaloenses comparecen con el estatus legal de testigos, coadyuvando en la recopilación de datos que confirmen o descarten las transferencias y nexos señalados.
El expediente judicial norteamericano, hecho público el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, imputa cargos a los funcionarios sinaloenses por presunta colaboración logística y protección institucional a redes de tráfico de fentanilo y posesión de armas de fuego de uso exclusivo militar. Las comparecencias ministeriales en territorio nacional continuarán durante el resto de la semana laboral hasta agotar los testimonios de los siete ciudadanos remanentes incluidos en la lista de la FGR.
Acerca del autor
