Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR) coordinó una serie de operativos simultáneos a nivel nacional que resultaron en el aseguramiento de más de 52 millones de litros de combustible vinculados al delito de huachicol fiscal. Las diligencias ministeriales se ejecutaron en terminales de almacenamiento y estaciones de carburación ubicadas en puntos estratégicos del norte, occidente y centro del país. La acción penal responde a las anomalías detectadas en los volúmenes de importación reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El mecanismo del huachicol fiscal consiste en la introducción de hidrocarburos al territorio nacional declarándolos bajo fracciones arancelarias falsas, principalmente como lubricantes, aditivos o productos químicos exentos. Esta manipulación documental permite a los importadores omitir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que representa una carga fiscal sustancial por cada litro de diésel o gasolina que ingresa formalmente por las aduanas.
Las auditorías técnicas de la fianza fiscal indican que el producto asegurado equivale al consumo promedio diario de tres entidades federativas de tamaño medio. Los laboratorios de la Dirección General de Servicios Periciales de la FGR tomaron muestras del hidrocarburo, confirmando que las propiedades químicas corresponden a combustibles automotrices estándar que estaban listos para ser comercializados en gasolineras establecidas.
La logística del decomiso implicó la inmovilización de 14 terminales privadas y la retención de más de 120 autotanques que carecían de los pedimentos de importación correspondientes y de los códigos QR de legal procedencia. El flujo de datos aduanales analizado por la Secretaría de Hacienda revela que la red delictiva operaba mediante permisos de comercialización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que presentaban inconsistencias en sus reportes de balance diario.
De acuerdo con estimaciones del sector energético, la venta de este combustible de contrabando alteraba el 18% del mercado formal, generando una competencia desleal frente a las terminales de abasto de Petróleos Mexicanos (Pemex). Los distribuidores legales eran desplazados debido a que el producto ilegal se ofrecía a precios hasta 4 pesos por debajo del promedio del mercado mayorista, utilizando facturaciones clonadas para simular la legalidad.
El procedimiento legal se encuentra en la etapa de integración de las carpetas de investigación por los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Las instalaciones aseguradas quedaron bajo resguardo de la Guardia Nacional, mientras que el combustible será transferido a los centros de almacenamiento oficiales de Pemex Logística para su resguardo definitivo.
Las estadísticas de la FGR señalan que este decomiso representa el mayor golpe al contrabando de energéticos registrado en el presente año fiscal 2026. La mesa de coordinación interinstitucional mantendrá las revisiones en las aduanas marítimas de Altamira y Tuxpan, identificadas como los principales nodos de entrada para los barcos cisterna que transportan los aditivos utilizados en este esquema de evasión fiscal corporativa.
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